Dentro del contexto jurídico la palabra peculado significa la estafa o fraude del patrimonio público. Este delito consiste en la sustracción indebida de recursos pertenecientes al Estado por parte de quienes se encargan de su resguardo y supervisión. De igual manera se puede referir al uso de bienes materiales propiedad de la nación, por parte de un funcionario, para beneficio propio.
Por lo antes descrito, se puede decir entonces, que el peculado forma parte de lo que todos conocen como corrupción. La persona que comete peculado por lo general trabaja para el Estado y que al incurrir en esta falta, está defraudando la confianza que la nación le otorgó, en este caso la pena estipulada es de seis años en la cárcel o el pago de una multa por el monto de lo timado. El peculado no necesariamente tiene que estar relacionado con dinero, también puede originarse cuando el funcionario utiliza ciertos bienes que, en realidad, deberían estar a disposición del bien común; en este caso la pena es de un año, además de ser apartado de su puesto de trabajo por un lapso equivalente al encarcelamiento.
Según la legislación, el peculado ocurre cuando:
El servidor público utilice de manera indebida los recursos públicos para promover la imagen política de una persona o para difamar a otra.
Cualquier persona que solicite o acepte promocionar o calumniar a cambio de fondos públicos.
Cualquier persona que sin ser funcionario público sea responsable del cuidado y administración de recursos públicos lo aparte de su finalidad para uso propio o para fines distintos a los que se les destinó.